En primer lugar, tomamos como punto de partida las décadas de los 60-70 en España. Durante la apertura económica de la etapa franquista y el gobierno de los tecnócratas, España sufrió un enorme crecimiento demográfico debido a unas elevadas tasas de natalidad fuera de lo común. Esto se debió a una serie de causas que no podemos desvincular del régimen gubernamental vigente. La gran influencia religiosa por parte del catolicismo, la mentalidad más asociada al modelo tradicional de familia, el descenso de la sobremortalidad masculina que desencadenaba en numerosas mujeres solteras, el crecimiento económico de ese momento y los incentivos por parte del régimen a aumentar los integrantes de la familia como fueron los “Premios a las familias más numerosas” condicionaron lo que coloquialmente se conoce como el “Baby Boom”. este fenómeno se refleja en la pirámide demográfica de 1970, cuya base (edades más inferiores) destaca frente al resto de “escalones”. Pero, ¿Qué efectos produce en nuestra sociedad actual?  



Cincuenta años después de este suceso nos encontramos en una situación contrapuesta donde la natalidad cada vez es más reducida. Los determinantes de este hecho son contrarios a los tratados previamente. Algunos de ellos son el elevado coste que supone el mantenimiento de una familia, las dificultades de emancipación para los jóvenes, además de para independizarse, rozando esta última ya casi los 30 años. También están implicados fenómenos culturales como los nuevos modelos de familia en los que concebir hijos no es la principal motivación. A todo ello se le debe agregar el aumento de la esperanza de vida, situándose en los 83,53 años en España, de los niveles más elevados de Europa. Esto ha dado lugar a cambios severos en la pirámide demográfica, como se refleja en el siguiente vídeo.



Se puede observar que cada vez los escalafones centrales abarcan al mayor porcentaje de población y que los más superiores también van ganando tamaño, frente a la disminución de los más bajos. Nos pasamos a cuestionar lo siguiente, ¿Cómo repercute todo esto a nuestra economía? 


La principal consecuencia que vamos a tratar es el efecto de esta tendencia demográfica invertida en el sistema de pensiones. Tal y como está planteado el actual sistema de retribución de pensiones, nos enfrentamos a un serio problema de inadecuación con respecto al esquema actual de la población. Es más, si continuamos con la misma tendencia, dicho problema se agravará severamente en un futuro próximo de manera que será totalmente insostenible si no se logra una solución al respecto. Para comprender la seriedad de este tema vamos a analizar la situación actual a través de una serie de variables económicas.

 

En primer lugar, la tasa de dependencia  es uno de los principales indicadores de esta cuestión. Representa el cociente entre la población inactiva residente en España (menores de 16 años junto a mayores de 64) entre la población en edad de trabajar, expresado en porcentaje. En otras palabras, expresa la cantidad de población que se sostiene económicamente por el resto. En el año 2020 esta alcanzó el 54,40%,  más de la mitad de los ciudadanos. Si a ello le sumamos las cifras de paro juvenil que soporta España, siendo de un 37,7%  entre las edades de 15 a 24 años, nos encontramos ante un auténtico problema. Además, esto se traduce en la emigración de jóvenes cualificados lo que supone una enorme pérdida de capital humano financiado por el Estado español. La falta de oferta de trabajas de alta remuneración en España conlleva una menor cotización, lo que empeora el pago de pensiones. 


Por otra parte, el endeudamiento de nuestro sistema expresa la incertidumbre ante el futuro. En 2019, el Déficit de la Seguridad Social superó los 16.600 millones, y durante la crisis por la CO-VID 19 en el año 2020 se alcanzó la cifra de 20.000 millones de euros debido a la elevada deuda y a la problemática estructura salarial.  

 

No obstante, aunque la panorámica actual sea un tanto negativa, no significa que no se pueda llegar a un consenso que mejore las previsiones futuras. Actualmente se trabaja aumentando la edad de jubilación: en el año 2022 se sitúa en 65 años con la condición de tener 37 años y seis meses cotizados; de no ser así, se debe esperar a los 66 años y dos meses. Además, se fomenta el retraso del retiro laboral mediante la compensación económica como un aumento del 4% más de su pensión por cada año extra de trabajo o el pago de 12.000 euros si se alcanzan cotizados los 44 años y 6 meses.


Esta medida no es del todo la más eficiente ya que conlleva otra serie de problemas como un cierto deterioro de la capacidad productiva y la disminución de oferta laboral. Pero aun así no debemos ser pesimistas ante los supuestos y continuar en la búsqueda de medidas que solventen este desajuste demográfico.